Por cuarta vez se aplazó este viernes, la preparación de juicio de los imputados por el Caso Pisu Pisué en Río Bueno. En la oportunidad los comuneros mapuches renunciaron a sus defensas, sin embargo éstos últimos descartaron que se trate de una estrategia dilatorio para iniciar el proceso.
La situación ocurrió luego que el abogado Hardy Grothe asumiera la defensa de la machi Millaray Huichalaf, quien pidió un nuevo plazo para analizar los antecedentes lo que fue negado por el Juez, el que posteriormente fue acusado de haber entregado una opinión ante los hechos, lo que fue desestimado por el mismo.
Con esto, los comuneros mapuche decidieron renunciaron a sus defensores obligando al Juez Daniel Chaucón la designación a Hardy Grothe y Gerardo Norambuena como abogados públicos de los imputados, quienes solicitaron nueva fecha para la audiencia, la que fue programada para el 25 de mayo. Así lo explicó el defensor, Luis Soto.
Al ser consultado por si es que es suficiente el tiempo para conocer en detalle los antecedentes, el profesional dijo que la fecha es fijada por ley por lo que tendrán que limitarse a dichos tiempos.
Asimismo Soto apuntó sus dardos contra el Fiscal que lleva adelante la investigación, Sergio Fuentes, quien dijo que paralelamente otras nueve investigaciones las que no fueron comunicadas ni a los imputados ni a la defensa lo que les impidió decretar diligencias, situación que calificó como vulneración a la defensa.
Es por esta razón –aclaró Soto-se pidió el sobreseimiento de la causa a lo afirmó también debería incluirse una sanción contra el Fiscal Sergio Fuentes, quien a su juicio no transparentó otras investigaciones que realizaba en relación a daños, usurpaciones violentas, incendio en lugar no habitado, amenazas y atentando contra la autoridad, en relación al mismo caso.
Por último, el defensor público negó enfáticamente el que la anterior petición sea parte de la estrategia de defensa el dilatar el proceso judicial. “Somos los principales interesados en que este proceso avance porque tenemos a personas con medidas cautelares que limitan su vida”, enfatizó Soto.