El objetivo de esta comparecencia fue exponer ante la Cámara de Diputados y concretamente ante la Comisión de Derechos Humanos, sobre el perjuicio y daños que les significó no ser considerados en la liquidación de la ex cooperativa, en circunstancias de que ellos eran sus dueños y administradores además de solicitar las reparaciones y compensaciones que correspondan.
El diputado Sergio Ojeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos expresó que “hace muchos años que los ex socios y cooperadores de la Cooperativa Rupanco exigen compensación y reparación por el desalojo del que fueron objeto, al disolverse y liquidarse arbitraria y abruptamente la cooperativa.
Los trabajadores fueron dueños y administradores de la hacienda durante 7 años, logrando acumular un importante patrimonio producto de la buena gestión y administración de éstos. Ellos eran dueños y administradores de estos bienes”.
Ojeda agregó que “en la década de los 80, la cooperativa se disolvió y liquidó, sin mayores explicaciones y motivos que lo justifiquen, sin fundamento legal alguno. Producto de esta liquidación, se dio por expirada y por terminada la cooperativa. Los trabajadores y socios fueron expulsados de la hacienda, no recibiendo lo que en derecho les correspondía por su participación como dueños de un terreno de 47.000 hectáreas, uno de los predios más grandes de Chile y los bienes que lo constituían como animales, maquinarias, herramientas, vehículos, etc”.
“Los ex socios y campesinos, tuvieron que obligadamente desocupar las viviendas que ocupaban al interior de la hacienda, siendo desalojados, debiendo radicarse en la periferia de la ciudad de Osorno y otras comunas, pasando a engrosar el grupo de familias pobres de los sectores marginales de la ciudad”, aseveró el parlamentario.
Finalmente, Ojeda declaró que “la Comisión de Derechos Humanos, acordó informar de esta situación a la Presidenta de la República y solicitarle se hagan los estudios pertinentes para resolver las reparaciones y compensaciones que procedan. Al mismo tiempo poner en conocimiento de esto al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Hacienda para que realicen los estudios correspondientes para los efectos señalados. La ex cooperativa la integraban aproximadamente 850 campesinos, que aún esperan se les entregue lo que les corresponde legalmente”.